Tengo la costumbre de escuchar debates parlamentarios mientras desayuno, y hoy me levanté con las palabras de Ortega Smith en la sesión donde se discutía la reforma de la Ley Mordaza (podéis ver una noticia interesante sobre la cuestión en www.elsaltodiario.com/ley-seguridad-ciudadana/reforma-ley-mordaza-vez- ). Oyendo al portavoz de Vox, me asombró especialmente la indignación con que denunciaba la eliminación de la presunción de veracidad de los agentes policiales que, según decía, buscaba la ley.
La presunción de veracidad de un agente de policía en el marco de un procedimiento administrativo sancionador contra un ciudadano, implica que sus declaraciones se consideran verídicas salvo prueba en contrario. Y dicha prueba debe ser incontestable. Si un policía afirma que un ciudadano le empujó y 10 testigos sostienen lo contrario, se dará más valor a la palabra del policía. Si, por el contrario, hay una grabación que demuestra fehacientemente que el ciudadano no le empujó, prevalecerá el valor probatorio de la misma. Pero, como digo, la prueba debe tener una consistencia incuestionable.
Teniendo en cuenta que Ortega Smith también criticó que se pudiese grabar a agentes de policía durante sus actuaciones (actualmente la Ley Mordaza no prohíbe grabar al agente pero sí difundir sus imágenes, lo cual usan muchos policías como excusa para confiscar grabaciones), el régimen jurídico promovido por Vox convierte en dioses a los policías y, en la práctica, vuelve casi imposible para cualquier ciudadano refutar la veracidad de lo que decidan plasmar en sus atestados. Y esto tiene efectos muy trágicos para la ciudadanía, no sólo de cara al encubrimiento de abusos policiales, sino también en relación con la imposición de sanciones económicas que, con los importes desorbitados de las multas de la Ley Mordaza, pueden destrozar la vida de cualquiera que no sea rico.
Lo más llamativo de la cuestión es que el mismo partido que exige la derogación de la Ley de Violencia de Género porque (dicen) destruye la presunción de inocencia de los hombres, aplauda la desvirtuación de dicha presunción cuando el ciudadano se enfrenta a la palabra de un policía. Ante todo, no es cierto que la Ley de Violencia de Género destruya la presunción de inocencia de los hombres (véase este artículo de Hay Derecho, fundación nada sospechosa de ser izquierdista www.hayderecho.com/2019/09/08/presuncion-de-inocencia-y-violencia-de-g ). Pero imaginemos que fuese así.
Cualquiera con dos dedos de frente consideraría más justificado dar una presunción de veracidad a las palabras de una persona cuya integridad física e incluso vida pueden estar en peligro si se absuelve a su agresor siendo culpable, que a un policía que se queja de que le han tirado una lata o llamado "hijo de puta". No es el caso de Vox: para ellos la presunción de inocencia es prescindible cuando se trata de proteger a un antidisturbios de dos metros, pero es sagrada en los casos de maltrato de una mujer por su pareja. Tan sagrada que he llegado a escuchar a algunos de sus cargos que es una locura condenar a un hombre sólo con base en el testimonio de su esposa, y ello pese a que la violencia de género se produce generalmente en espacios sin testigos y las armas probatorias de la víctima son extraordinariamente limitadas, más allá de su testimonio y el análisis sobre su veracidad que realicen peritos psicólogos y jueces.
Según Vox, por tanto, condenar a un hombre con base en el testimonio exclusivo de la víctima de violencia de género (incluso si su credibilidad viene avalada por informes periciales psicológicos de peritos insaculados) pulveriza la presunción de inocencia. Pero condenar a un manifestante por el testimonio exclusivo de un policía (incluso si hay otros 10 testimonios de ciudadanos que lo contradicen) es plenamente razonable. Desde mi perspectiva, la presunción de inocencia es sagrada en ambos casos, y todos los testimonios deben ser analizados de modo riguroso y en pie de igualdad, teniendo en cuenta los factores que los rodean y el resto de pruebas aportadas para determinar en cada caso su fiabilidad (el valor de las periciales psicológicas sobre el testimonio de la víctima es singularmente relevante en los supuestos de violencia de género, así como la valoración de la consistencia de su testimonio por parte de jueces experimentados).
Aparte de lo anterior, hay una serie de obviedades que me hacen apoyar esta reforma e, incluso, ir más lejos de lo que prevé. Dentro de la policía hay agentes ejemplares que sólo quieren proteger al ciudadano. Y hay ultraderechistas que tienen sueños húmedos con patear cabezas de rojos. Y hay sádicos que entran en éxtasis cuando apalean a alguien caído en el suelo. El corporativismo dentro de la policía es inmenso, pues hay que ser un santo (y mártir) para atreverte a denunciar la mala praxis de un tío con quien vas a patrullar el resto de tu existencia y en cuyas manos vas a poner tu vida cotidianamente. Un tío que, además, es posible que te haya salvado el pellejo más de una vez y, por tanto, te sientes tan en deuda con él que nunca le perjudicarías haga lo que haga. Todo ello aderezado por la cultura de la complicidad entre compañeros que es generalizada en ese cuerpo y que te convertiría en un paria, odiado por colegas de coche patrulla y superiores, si te atreves a denunciar que tu compañero dio una paliza a un yonqui en un callejón para desfogarse.
Precisamente por ello, es misión de las autoridades políticas depurar a la escoria que puebla las comisarías o, al menos, evitar que hagan de las suyas. A no ser que quieran usarlos para infundir terror entre los ciudadanos y desalentarles a protestar o cuestionar públicamente cualquier decisión del poder político. En ese caso es lógico que promocionen y blinden a los peores policías.
¿Cómo se puede mantener a raya a los policías más infames? Controlando sus actos en cada momento y quitándoles privilegios que les permitan encubrirlos, aparte de expedientarles y expulsarles del cuerpo si se les pilla cometiendo alguna salvajada. Hay medidas especialmente idóneas para ello que, por desgracia, no recoge la reforma de la Ley Mordaza. Así, al agente honrado no le perjudica en nada llevar una cámara en el hombro cuando va a participar en un dispositivo de control de una manifestación, porque no hará nada de lo que avergonzarse. Tampoco le supondrá un problema que se le coloque el número de placa (pueden ser incluso números desechables que cambien cada semana) en letras gigantes sobre la espalda del chaleco. Y tampoco tendrá reparos en que se graben las detenciones, ininterrumpidamente desde el momento de su ejecución hasta la puesta a disposición judicial del detenido. Del mismo modo, no le perjudicará la eliminación del privilegio de la presunción de veracidad (que, por otro lado, con las medidas que he citado hasta ahora perdería muchísimo peso incluso si se mantuviera). Al policía sádico, al ultra, al psicópata...sí que les fastidiaría, pero se supone que ése es el objetivo a perseguir ¿No?
sxentinel 
