El Estado español paga un seguro sanitario privado a un millón y medio de funcionarios, que tienen un trato especial que pagamos todos los contribuyentes. Ese trato especial supone diagnósticos más rápidos, menos lista de espera, ayuda para las gafas, para el dentista … para ellos y sus familias. Estos funcionarios pagan una cuota a MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. No es un sistema obligatorio, los funcionarios pueden elegir entre la medicina pública o la privada, pero el 70% eligen está última opción.