La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus expedientes en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, pese al clamor de los familiares. Son algunos de los crímenes

En un dossier sobre el modelo de impunidad español publicado en Historia Actual Online y coordinado por el historiador y archivero Sergio Gálvez (Iberoamerican Institute of the Hague), el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez Valcárcel pone el acento en "la ideología del olvido y la negación de la Historia", y afirma que los tres pilares del llamado Modelo Español de Impunidad son: la Ley preconstitucional de Amnistía de 1977, la ausencia prolongada de políticas de Memoria Democrática y "los jueces custodios de la impunidad".

El gobierno francés impulsa un proyecto de ley que censura las imágenes de los actos represivos de la policía y otras fuerzas estatales.

¿Puede permitir un Estado de derecho que el propietario de la vivienda se encuentre desamparado ante una ocupación ilegal? No. Un Estado de derecho no puede permitir que el propietario de una casa, que seguramente haya tenido que pagar o todavía esté pagando una hipoteca, se sienta desamparado ante una ocupación ilegal de su vivienda, y que tarde meses o incluso años en recuperarla, mientras tiene que seguir pagando los gastos de la casa, y cuando la recupera, suele estar destrozada.

La Cámara Baja estudia este martes la toma en consideración de la iniciativa impulsada por varios colectivos de víctimas, que cuenta con el amplio respaldo de los grupos parlamentarios.

No puede confundirse inviolabilidad con impunidad. Únicamente cuando hablamos de las competencias reservadas al titular de la Corona, y el Presidente del Gobierno, sus ministros o el Presidente del Congreso las refrendan, se puede hablar de inviolabilidad sin que el Estado de Derecho pierda de su esencia. También España ha firmado algunos Tratados Internacionales que impiden considerar esa inviolabilidad como un argumento para no responder por crímenes o delitos cometidos, como el Tratado de Roma.

El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, ya está preparado y plantea anular varios artículos. Propone anular el artículo 36.23 de la ley mordaza que sanciona el uso, sin autorización, de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como, el artículo 19.2 que permite el secuestro de este material sin autorización judicial. Ademas, rechaza las sanciones por manifestarse ante el Congreso y el Senado.

La Ley de Amnistía ha servido como excusa, repetidamente, para frenar numerosas iniciativas, tanto legislativas como judiciales, para investigar y juzgar los crímenes.En 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España, entre 1936-1951, que recogía 114.226 casos de violaciones de derechos humanos, a favor de numerosos juzgados territoriales, que acabaron archivando los casos. En 2011 se rechazó, por mayoría absoluta (PP, PSOE, CiU, Ciudadanos), una proposición de ley para modifi

En 2005, un profesor de derecho descubrió una "Zona de la Muerte" en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, en la que puedes matar a alguien sin sufrir las consecuencias. Once años más tarde, todavía puedes hacerlo. "Cuanto más profundizaba en el tema, más captaba mi interés", explicó hace poco el escritor Brian Kalt. "A la gente le fascina encontrar vacíos legales que permitan cometer el crimen perfecto. Hay muchos enfoques, pero desde el punto de vista geográfico, solo existe este".

La Ley 52/2007, adopta 1968 como fecha de inicio, lo cuál, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. El legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial murciana de exonerar al expresidente de esta Comunidad Pedro Antonio Sánchez del caso de corrupción denominado Pasarelas por superar la juez en dos días el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar, según adelantó La Verdad de Murcia y ha confirmado a Vozpópuli una portavoz de la Fiscalía General del Estado, que no ha facilitado una copia del escrito.

El presidente del Atlético de Madrid, que reclamó información del caso del dúplex de Estepona al entonces responsable de Justicia ahora empleado en la fundación del club, pide el sobreseimiento de la causa por un cambio legal hecho por el exministro al que ahora paga la nómina.

La abdicación del Rey planteó desde el punto de vista jurídico dos interesantes cuestiones, cuyas implicaciones políticas son evidentes. La primera es si don Juan Carlos conserva el privilegio de la inviolabilidad por los actos personales realizados mientras era rey. La segunda es si resulta o no razonable su aforamiento. Relacionada: okdiario.com/espana/2018/07/11/ministra-delgado-asegura-que-rey-juan-c

La violencia contra las mujeres persiste en la región debido a la impunidad y a un clima de permisividad social. En los últimos años hubo avances significativos, con la aprobación en 18 países de leyes o reformas a los códigos penales. Pero a pesar de esto, el panorama en la región es desolador: de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidio, 14 están Latino América. Según ONU, en 2016 un 98% de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres quedó impune en la región por falta de aplicación real de las leyes.

Torturas. Palizas. Persecución política. Años de cárcel. ¿Por qué no se persiguen los delitos del franquismo contra los derechos humanos? ¿Por qué se pasean por las calles torturadores de la dictadura? Porque en 1977 se aprobó la ley de amnistía, hace ahora 40 años. Y sigue en vigor. Una frase de la ley especifica qué casos están comprendidos en la amnistía y por qué no se juzga a personajes como Billy el Niño: "Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

La ley buscaba perdonar y pasar página sobre los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.Amnistía Internacional recuerda que según el derecho internacional,no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional,como son la desaparición forzada o la tortura."En estos 40 años ningún poder,ningún gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional.En todo caso,han obstaculizado..

Se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley de Amnistía, un procedimiento legal que se aprobó para amnistiar los delitos políticos del franquismo pero que está siendo utilizada por la derecha como pantalla para evitar que los crímenes de lesa humanidad del Régimen Franquista sean juzgados y que los responsables que continúan vivos sean llevados ante la Justicia.

El 14 de Octubre el Congreso aprobó la conocida como Ley de Amnistía, que fue publicada en el BOE el día 15, hace ahora 40 años. La norma ha sido utilizada como "escudo franquista" a pesar de haber sido aprobada para facilitar la salida de prisión de presos antifranquistas.

Los troles online puede ser implacables, especialmente cuando están enviando amenazas. La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, dijo acerca de las amenazas de violación a sus tres hijas. Durante un discurso reciente, Robredo habló de que hay una “cultura de impunidad, odio e ira” que prevalece en la esfera online. Uno de los comentarios de odio que recibió fue de un usuario de Facebook que amenazaba con violar a sus hijas. “Mis tres hijas han sido amenazados con daños corporales y violación. Si estás solo ante esto, estarás asustado".

Muchos bancos ya han recibido decenas de sanciones, sin que a ninguna autoridad se le mueva un músculo. ¿Les han cerrado el chiringuito, ese nido de infractores reincidentes? ¿Han echado o castigado a alguno de sus máximos dirigentes?

Asociaciones progresistas y conservadoras critican una norma que limita a seis meses la instrucción de causas ordinarias y a dieciocho la de las más complejas. "Es una auténtica ley de punto final", dicen los magistrados en un comunicado.

Desde enero, si un grupo de mossos da una paliza a otro empresario gay, o en definitiva a cualquier ciudadano, gay o no, nadie podrá aportar como prueba un documento audiovisual, pues no sólo no será aceptada sino que encima estará incurriendo en un delito por grabar a esos agentes.

Gerardo Grande, presidente del Comité de empresa y delegado de MAYSA, no tiene miedo a contar la realidad de Mercadona y así lo hizo en el Congreso de los Diputados.

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.