En un movimiento hacia la igualdad de género, el Gobierno de España ha dado un paso adelante con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión. Este proyecto legislativo busca garantizar una presencia de mujeres y hombres en la política, la administración y las empresas, marcando un hito en la lucha por la igualdad efectiva en todos los ámbitos de decisión económica y política. Sin embargo, este proyecto también ha suscitado un debate sobre la intervención en la gestión de empresas.

Los tribunales han acordado al menos 1.155 reducciones de pena y 117 excarcelaciones en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’ según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial a fecha 1 de julio. El Tribunal Supremo ha reducido 31 condenas; la Audiencia Nacional, 1; los Tribunales Superiores de Justicia, 145 y 10 excarcelaciones y las Audiencias Provinciales han rebajado 978 penas y han excarcelado a 107 personas.

El pleno del Congreso ha aprobado definitivamente este jueves el polémico proyecto de ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza y endurece las sanciones, tras haber votado las enmiendas incluidas en el Senado, de modo que el texto está listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor. El pleno del Congreso ha aprobado una decena de las casi veinte enmiendas incorporadas al texto en el Senado que se incluirán a la nueva ley.

Las tasas universitarias estarán topadas por ley: únicamente se podrán mantener igual o establecer bajadas progresivas en sus precios. La presencia de profesorado temporal en plantilla pasa de un máximo del 40% al 8%. También se prohíben los colegios mayores que segregan por sexo en los campus universitarios públicos, se introducen nuevos requisitos para poder ser rector y se crean títulos universitarios de corta duración sin límite de edad en su acceso. La nueva norma está pendiente de ser publicada en el BOE en los próximos días.

El mismo tribunal le condenó el pasado enero a seis años y nueve meses de cárcel por estos hechos, pero, acuerda reducir la pena a un año y tres meses porque "siendo evidentemente más favorable la regulación actual debe aplicarse la misma".La reducción de la pena se basa en que la nueva normativa establece que "el consentimiento prestado por personas mayores de dieciséis años no es constitutivo de delito" salvo que el mismo vaya precedido de "violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima"

En este artículo vamos a tratar de comparar las penas antes y después de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, también conocida como "ley del sólo sí es sí" [1]. La comparación se realizará con el último texto publicado del Código Penal antes de la publicación de la Ley Orgánica 10/2022 [2].

La ciudadanía supone el ejercicio de todo un conjunto de derechos humanos ligados a la libertad y a la seguridad, que están íntimamente relacionados con la libertad de movimiento y de uso de los espacios, pero también con las relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo. El acceso efectivo de las mujeres y las niñas a estos derechos ha sido históricamente obstaculizado por los roles de género establecidos en la sociedad patriarcal, que sustentan la discriminación de las mujeres y penalizan, mediante formas violentas,…

Las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona y, en el caso del feminicidio sexual, también el derecho a la vida. En los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas promovidas por el movimiento feminista, las violencias sexuales han obtenido una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de los desafíos a que se enfrentan los poderes públicos para su prevención y erradicación.

Se trata de uno de los debates sociológicos recurrentes. Una parte de la sociedad generalmente ajena a un fenómeno achaca a ese mismo fenómeno un comportamiento antisocial. Ha pasado con los videojuegos, las series o las películas violentas, presuntamente culpables de que niños y adolescentes indefensos se conviertan en unas máquinas sedientas de sangre. Ahora le toca el turno a la pornografía. Sin embargo, las investigaciones no han hallado un vínculo claro entre el consumo de vídeos de sexo explícito y las agresiones sexuales.

y se centra, entre otras cosas, en que reforman la infracción de uso de imágenes de miembros de las FCS de modo que pueda poner en peligro la seguridad de agentes, sus familias, etc". Antes de hablar, voy a colgar un CUADRO SINÓPTICO sobre la reforma de esta infracción. Así os ahorro el resto del hilo. Como se puede ver, la reforma consiste en INTRODUCIR EN EL TEXTO LEGAL LAS EXIGENCIAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 172/2020 (por lo demás, bastante descorazonadora). La 1ª reforma es dejar claro que, como ha dicho el TC, NI EXISTE,

El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

(sin ser él jurista ni nada parecido) afirmando que a partir de ahora se pueden vulnerar tranquilamente DDFF. Vamos paso a paso a desmentir todo esto. Primero vamos a hablar un poco de la ley: es una transposiciónde la Directiva (UE) 2016/680 que se tendría que haber adoptado hace ya más de tres años y la inactividad del gobierno anterior nos ha costado a los españoles 23 millones de euros. Una directiva ya transpuesta en otros Estados miembros (EEMM) de la UE y que éstos no se han convertido en China, ni son ahora un Gran Hermano ni la…

(sin ser él jurista ni nada parecido) afirmando que a partir de ahora se pueden vulnerar tranquilamente DDFF. Vamos paso a paso a desmentir todo esto. Primero vamos a hablar un poco de la ley: es una transposiciónde la Directiva (UE) 2016/680 que se tendría que haber adoptado hace ya más de tres años y la inactividad del gobierno anterior nos ha costado a los españoles 23 millones de euros. Una directiva ya transpuesta en otros Estados miembros (EEMM) de la UE y que éstos no se han convertido en China, ni son ahora un Gran Hermano ni la…

La Ley Orgánica 7/2021 establece el concepto de “Personas que puedan cometer un delito." [...] "cabe la posibilidad de efectuar el tratamiento de datos genéticos (que estarán registrados), biométricos, y recabar información sobre opiniones políticas, religiosas y filosóficas, así como sobre la actividad y la orientación sexual."

Publicada la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

La ley de libertad sexual, que finaliza ahora un periodo de alegaciones, incorpora al texto la tercería locativa y contempla crear un fondo para víctimas con los decomisos de la industria de la explotación sexual. Además, incorpora el concepto de “feminicidio sexual”.

El Comité de Bioética rechaza la eutanasia como derecho y prestación sanitaria.: Doce expertos, doce sensibilidades diferentes han conseguido aunar una posición integradora en uno de los debates éticos más complejos y delicados que existen. El Comité de Bioética de España (CBE) ha rechazado, por unanimidad y sin votos particulares, los fundamentos de la ley de eutanasia que se tramita en el Congreso de los Diputados. Ni los informes previos del aborto ni de la gestación subrogada habían conseguido aprobarse con la unanimidad de todos sus miembr

La Vicepresidencia de Derechos Sociales está trabajando la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia, un órgano consultivo en el que los niños y niñas podrán participar y dar su opinión sobre toda la normativa estatal que tenga que ver con ellos.

Este miércoles era el día, y según la interpretación de algunos destacados representantes de este sector, ha quedado demostrado que no existe tal bloque progresista dentro del Poder Judicial: no actúa ni unido ni en el sentido que le gustaría al PSOE, a Unidas Podemos y al Gobierno. Solo dos de los supuestos nueve vocales progresistas se negaron este miércoles a votar los nuevos nombramientos.

Polonia y Hungría planean crear un nuevo organismo para evaluar cómo se está respetando el estado de derecho en la UE, argumentan que necesitan asegurarse de que sus países no sean tratados injustamente bajo lo que describen como el "doble rasero" de Bruselas. [...] Al exponer un ejemplo de lo descrito como el doble rasero de Bruselas, Szijjártó dijo que Polonia fue criticada por transformar su sistema judicial, aunque España tiene "exactamente la misma" regulación. "Si algo es bueno en España, ¿por qué es malo en Polonia?".

Acaba de ponerse en marcha en España la redacción de una carta de derechos digitales que se incorporará –si el impulso político para su creación dura lo suficiente– al Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Artículo diez. Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas [...] podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. DISPOSICIÓN ADICIONAL Tendrán la consideración de autoridad gubernativa a los efectos de la presente Ley, además de las de la Administración General del Estado, las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias [...].

La ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio no ofrece una cobertura jurídica que se corresponda exactamente al confinamiento.

La promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho reverdecer una figura que estaba latente en nuestro ordenamiento: las requisas de bienes. Es una figura que, cuando se mencionaba en clase, nos retrotraía a otros tiempos y que sin embargo, estaba a disposición de los poderes públicos, tanto en circunstancias civiles (artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio)

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.