Reynders deja por escrito de que la jurisprudencia española debe quedar sometida a aquello recogido por el derecho europeo. De esta manera, la ley de amnistía impulsada por los socialistas no podrá ser aplicada hasta que no se resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales, "con independencia de lo que la legislación nacional establezca".
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