La Ley General de Comunicación Audiovisual establece incluso el concepto de «usuario de especial relevancia» para este tipo de creadores de contenidos

Se ha aprobado recientemente una nueva Ley de Comunicación audiovisual, la cual afecta de manera directa a influecers y streamers, incluso a aquellos que residen fuera del territorio español. A través de esta ley se busca la regulación de los contenidos en Internet, es decir, el Estado va a poder intervenir directamente en que contenidos se pueden o no se pueden emitir en las plataformas de emisión de vídeo. Además también pretenden regular el equilibrio en la publicidad comercial, ya que ahora los agentes publicitarios se van todos a Internet.

El incumplimiento de sus obligaciones puede hacerles incurrir en una falta grave o leve con sus correspondientes sanciones y la posibilidad de que la plataforma en la que emitan se vea obligada a cerrar su canal... Por ello, deberán constar en un registro de nueva creación dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y atender en sus contenidos a una serie de principios -citados en el Art. 86-, como el respeto a la dignidad humana y los valores constitucionales...

FACUA advierte de que supone un paso atrás con respecto a la legislación anterior. A partir de ahora, se permitirán anuncios de bebidas de alta graduación en la franja de 1 a 5 de la madrugada.

La enmienda en cuestión modificaba la definición de “productor independiente” incluyendo a compañías ligadas a televisiones privadas y a plataformas mundiales como si fueran independientes. ¿A quién beneficia esto? Os lo podéis imaginar, pero hemos querido preguntar a expertos en el tema como José Manuel Medem, periodista, Mae Lozano, miembro del Consejo de Administración de la RTVM y Cristina Andreu Cuevas, presidenta de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales.

La cosa es que, no hay demasiada información en los medios de comunicación sobre la nueva Ley Audiovisual; no es fácil enterarse de en qué consiste si uno no busca bien. Dentro de eso, la mayoría de los contenidos los hemos encontrado en los medios autonómicos, y también algunos en la prensa digital. Los diarios progresistas o de izquierdas como Público o Eldiario.es han hecho algunas informaciones críticas sobre la nueva ley, poniendo el foco en el hecho de que beneficia al duopolio Atresmedia-Mediaset y a las grandes plataformas.

La norma aprobada en el Congreso ha sido escenario de movimientos en la sombra de grupos que trabajan para clientes nacionales e internacionales. Ganan Mediaset y Atresmedia. Pierden los independientes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.

El Partido Popular se abstendrá a la Ley Audiovisual y salva una de las medidas que más quebraderos de cabeza han traído al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta medida fue en diciembre la llave para obtener el apoyo de ERC y asegurar los Presupuestos Generales del Estado, y ha estado en el alambre hasta el último momento.

Las asociaciones del sector piden al Ejecutivo la retirada del texto, que se vota mañana en el Congreso, por un cambio de última hora que les perjudica y se declaran dispuestos a acudir a la UE si no se les escucha

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley e inicia una ronda de contactos con representantes del sector. La Filmoteca Española será Bien de Interés Cultural

El anteproyecto de la reforma abre la puerta a crear subvenciones para la producción, distribución y exhibición de obras más de autor. Plataformas como Netflix o HBO Max estarán obligadas a comunicar al Gobierno sus cifras de visionados, hasta ahora ocultas

El acuerdo se ha ampliado e incluye finalmente a todas las plataformas de streaming que operen en España. “Del acuerdo se desprende que todas las plataformas que operan en el Estado, tengan la sede empresarial en el Estado o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán”, explican en su comunicado. "Se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del estado sea en catalán, euskera o gallego”.

etflix y las plataformas audiovisuales como HBO, Disney+ o Amazon Prime Video serán uno de los grandes ganadores de la Ley General Audiovisual que se enviará esta semana al Congreso de los Diputados. Una normativa que rebaja radicalmente la presión fiscal que originalmente iba a pesar sobre estos servicios de streaming, según los anuncios que el propio Ejecutivo realizó hace unos meses. La cara más visible de esta situación ha sido la retirada a estas plataformas de la obligación de producir el 6% de su catálogo en catalán.

La nueva ley audiovisual que pretende que el 6% de los contenidos de las plataformas audiovisuales se ofrezca también en lenguas cooficiales amenaza con disparar la factura que los hogares españoles pagan por las suscripciones, en la medida en que las compañías deberán repercutir los costes del doblaje a los consumidores. En otros casos, parte de esos costes se trasladarán a las tarifas publicitarias.

ERC no está satisfecha con el proyecto de Ley Audiovisual que hoy aprueba el Consejo de Ministros y anuncia que enmiendas para intentar que empresas como Netflix tengan que aplicar la cuota en lenguas cooficiales que su pactó con el Gobierno. Así lo ha explicado Rufián tras ser preguntado por el hecho de que su acuerdo no podrá aplicarse a las plataformas que no tengan sede en España. La diputada de la CUP Mireia Vehí ha recalcado que las multinacionales del sector "no son nadie para decidir qué políticas se pueden aplicar en un territorio"

No hay avances. La crisis sigue abierta. Lo poco que se ha sacado en claro es el compromiso de ambas partes en "seguir negociando". Lo dice Podemos y lo decían también en su comunicado los socialistas, que en un esfuerzo de optimismo valoraban la cita como "constructiva". Tras una hora cuarenta minutos cara a cara, los protagonistas del encuentro, celebrado en el Congreso, no fueron capaces ni siquiera de cerrarla con un comunicado conjunto. Así están las cosas.

El Gobierno obligará a las plataformas de series y películas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube a partir de 2022 al pago de la tasa de RTVE de forma que a partir de ahora estas multinacionales deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España. Edit: (Televisión Española será la única televisión pública que se beneficiará de la nueva ley audiovisual, donde al parecer las televisiones autonómicas no son lo bastante públicas para entrar en la nueva ley audiovisual del gobierno español)

El Gobierno español ha excluido del nuevo proyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual la protección a las lenguas cooficiales del Estado –euskara, catalán y gallego–, en plataformas de contenidos a la carta como Netflix, HBO o Amazon Prime. Según una información de ‘El Periódico’ este lunes, la norma recoge que al menos el 50% «de la cuota dedicada a obras audiovisuales europeas debe reservarse a obras en castellano o en las lenguas cooficiales autonómicas», pero sin determinar un porcentaje concreto para estas últimas.

El Gobierno prevé aprobar el proyecto de la nueva Ley Audiovisual entre mayo y junio, que obligará a las plataformas de streaming a dedicar un 5% de sus ingresos en España a financiar cine europeo. España arrastra desde noviembre de 2020 un expediente de la Comisión Europea por su retraso en transponer la legislación europea, que obliga a las plataformas a reservar un 30% de su catálogo a audiovisual del continente. La CNMC será la encargada de determinar los ingresos de cada plataforma para indicar a cuánto asciende ese 5%

Programa de TVE de 1984 'La Tarde', sobre la entrada en vigor de la prohibición de los vídeos piratas por ir en contra de la propiedad intelectual.También se trató el fenómeno del vídeo comunitario, común durante los años 80, el cual permitía, la visualización de varias películas al día a cambio del pago de una cuota. Contó con entrevistas a José Muñoz Contreras, secretario general técnico del Ministerio de Cultura, Enrique Cerezo, de la Asociación Videográfica Española, Vicente Romero, periodista, y José Manuel Grajal, inspector de policía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra varios preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña. La sentencia, alcanzada por unanimidad declara inconstitucionales varios preceptos de la norma que, por referirse a aspectos "técnicos" del espacio radioeléctrico, inciden en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones.

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.