El artículo 412 no tiene ningún punto 2.12 y el 413 sólo tiene dos párrafos y no 12. No lo digo yo. Lo dice el conocido "sanchista" Pedro Jota Ramírez.

El pasado miércoles en el Congreso Díaz ya marcó distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó a la posibilidad de reformar la LeCrim, para atraer a Junts para votar a favor de la Ley de Amnistía. www.eldiario.es/politica/yolanda-diaz-cuestiona-reforma-ley-enjuiciami Hace 4 días www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_108

Armada muestra especial preocupación por el hecho de que en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sea el fiscal instructor el que seleccione "los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía". Según advierte el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, esto le otorga al Ministerio Público "un papel de redactor jefe que no le corresponde". En su opinión, este cambio legislativo "limitará de facto la libertad de información".

La abogacía barcelonesa plantea así una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para brindar una solución 'rápida y ágil' a la ocupación de inmuebles

El Pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo de seis meses, ampliables a 18, en la instrucción de los casos de corrupción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el presente artículo y, ante la probable falta de conocimiento, por el ciudadano de a pie, de los procedimientos de instrucción de larga duración y el por qué de su larga instrucción, queremos dar a conocer el trámite procesal de la “conclusión del sumario” (señalado en los arts. 622 y siguientes de la LECrim), partiendo de la base de que el sumario es la parte procesal en la que se instruyen procedimientos en los cuales las penas mínimas señaladas para el delito o delitos cometidos superan los 9 años de prisión y que no correspondan a…

El Gobierno ha aprobado este viernes crear un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde un enfoque de género. Este consejo, que estará presidido por la ministra Dolores Delgado, estará formado en su totalidad por mujeres, a excepción de su vicepresidente.

El Convenio con el que se pretende costear la defensa de Llarena fue firmado en el año 2010, al amparo del derecho a la defensa jurídica de los empleados públicos que fue suprimido por la Ley de Tasas del ex ministro, Alberto Ruiz-Galardón. Si el gobierno de Sánchez quisiera recuperar retroactivamente la eficacia del Convenio del 2010 para costear la defensa de Llarena, se enfrentará entonces a una catarata de reclamaciones de todos aquellos jueces y magistrados que también hubieran sido condenados en costas durante estos cinco últimos años.

Gracias a la trilogía de la represión que constituyen el código penal vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país, una regresión de tintes claramente autoritarios. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte,heridos graves o tomar rehenes;propósito de atemorizar o intimidar a la población,u obligar a un gobierno

En España los fiscales consideran que todavía hay diferencias entre las personas:las que no pueden ser ofendidas y las que sí.Los fiscales nunca se ha personado de oficio contra los bancos que emitieron las acciones llamadas “preferentes”,ni contra “las claúsulas suelo” de las hipotecas,que se han demostrado abusivas..no ha intervenido nunca para defender a los usuarios de las tarifas abusivas de las eléctricas ni para evitar los injustos desahucios..la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el gobierno y aceptada por Psoe..

Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado,el efecto de aniquilación que la legislación del PP provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción.A la desaparición de los “presuntos corruptos”, se suma la acotación en el tiempo de las investigaciones, de manera que si no se resuelve la instrucción del caso en el tiempo fijado, se archiva y la causa queda sin juzgar. La excusa para crear este espacio de impunidad fue primar la presunción de inocencia. Como ya anunciaban muchos juristas, si no se dota de medios a los jueces..

La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció un plazo máximo de seis meses para cerrar la investigación de las diligencias penales, ampliable a dieciocho meses para las de especial complejidad, acaba de generar el primer archivo de una causa por haber trascurrido ese periodo sin que haya llegado a su término.

Una jueza ha rechazado la petición de la Fiscalía para que calificara una causa como compleja con el fin de ampliar hasta los 18 meses su plazo de instrucción, pese a que las diligencias no presentan otra dificultad que la lentitud de su tramitación por falta de medios.

Lo que preveía el sector jurídico ha terminado pasando. El Gobierno decidió poner en marcha la Ley de Enjuicimiento Criminal el pasado 6 de diciembre y jueces, fiscales y abogados alertaron sobre el riesgo que corrían medio millón de procesos de ser automáticamente archivados. El motivo es que la ley otorga solo seis meses de plazo a los fiscales para revisar estas causas, algo que este martes han insistido en que será imposible de cumplir. Señalan al Gobierno y a la Fiscalía General.

Critican la falta de colaboración de los Secretarios Judiciales así como la carencia de la herramienta informática precisa para el cumplimiento de la Ley de Plazos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado a las fiscalías si procede declarar complejas cada una de las investigaciones que lleva, cerca de un centenar ya que ningún de ellas va a poder finalizarla antes de los seis meses que exige la nueva Ley de enjuiciamiento criminal que hoy entra en vigor.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor este lunes, dos meses después de su publicación en el BOE. La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'. Relacionada: Aprobada la Ley de Enjuiciamiento Criminal: así afecta a tu privacidad www.meneame.net/story/aprobada-ley-enjuiciamiento-criminal-asi-afecta-

Las asociaciones de fiscales se plantan. Quieren evitar que entre en funcionamiento la norma que obliga a instruir los casos judiciales más complejos en un máximo de 18 meses. Están recogiendo firmas y han enviado una carta al ministro de Justicia Rafael Catalá para que suspenda la entrada en vigor de la ley porque "resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y materiales con que se cuenta"

Ayer entró en vigor en el BOE una norma que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y también, de manera “solapada”, reforma el Código Civil. Carmen Giménez, abogado titular de G&G Abogados, pone en solfa que se reduce de 15 a 5 años el plazo de prescripción para la reclamación de las acciones personales. Así, quien quiera reclamar, por ejemplo, el incumplimiento del contrato de compraventa de una vivienda o el de arras dispondrá sólo de 5 años. En cambio, se mantiene el plazo de 20 años para la reclamación de una deuda hipotecaria.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva, gracias a la mayoría del PP, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entre otros aspectos pone límites a la instrucción penal y sustituye la denominación de 'imputado' por la de 'investigado'; y también la eliminación del papel en los Juzgados. También incluye modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos. El cambio legal intenta además evitar las macrocausas.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado, el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido. Antes de los cambios del Senado, en casos de material pedófilo existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.

El Pleno del Senado aprobará la próxima semana la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contempla la obligación de que los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos

Víctor Domingo nos cuenta la historia de la empresa de espionaje italiana Hacking Team y su relación con la ley de enjuiciamiento criminal. Incluye el reportaje de Yésica Sánchez que explica el caso de la empresa italiana que se dedicaba a espiar para gobiernos de todo el mundo.

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.