El disgusto del Gobierno ante la actitud de los obispos es notorio. La respuesta del Ejecutivo se dirige a revisar un modelo que se considera que otorga demasiados privilegios a la Iglesia católica. Así puede interpretarse el anuncio de la vicepresidenta De la Vega de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980. El objetivo es «adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso» de «la España de hoy». La Conferencia Episcopal ha rechazado por el momento realizar ningún tipo de valoración sobre el anuncio.
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