El Ejecutivo modificó el decreto-ley cuatro días después de publicarlo para poder ocultar datos a los ciudadanos sobre la gestión de la crisis del coronavirus.Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer «motu proprio», sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis
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