Por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superará al del sector privado al escalar a un 51,5% sobre el PIB, según las previsiones del Gobierno. Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%. De hecho, solo en el último año, el gasto público sobre el PIB ha crecido nada menos que en diez puntos porcentuales. En 2019 suponía el 41% del PIB frente al 51,5% previsto para este año.

La crisis por el coronavirus ha dejado un mercado laboral insostenible. El Estado paga ya al 63% de las personas que perciben algún salario o prestación, mientras que solo el 37% restante son empleados del sector privado. La subida del paro, los Ertes, el cese de los autónomos y las pensiones supone que, en estos momentos, en España por cada asalariado de la empresa privada hay 1,7 receptores de rentas públicas.

Calviño asegura que se está ayudando a las empresas con liquidez..... Pero descarta pagar las nóminas de los trabajadores en lo privado. Nadia Calviño, ha rechazado este miércoles que la "solución" a la crisis sanitaria sea que el sector público "mastodóntico" reemplace "completamente" el funcionamiento del sector privado, tras la propuesta de Vox de que el Estado pague las nóminas de los trabajadores del sector público y privado durante tres meses, y en su lugar ha abogado por apoyarlo, especialmente a los sectores más directamente afectados.

Si en lugar de dopar a la economía financiera se hubiese apostado por hacer inversión publica y reforzar nuesros servicios públicos, seguramente nuestro músculo para afrontar esta crisis sería más poderoso.

El intervencionismo público sigue ganando peso en el PIB en detrimento de sectores competitivos ante la ausencia de reformas. Las administraciones públicas, ajenas a la libre competencia y con tasas de productividad muy por debajo de los demás agentes económicos, se han convertido en la segunda actividad de la economía española desde el lado de la oferta, solo por detrás de la hostelería y el comercio. Por si fuera poco, cobra distancia sobre la industria, el sector más competitivo del PIB sobre el que se fundamentan las exportaciones.

El Ministerio de Consumo anuncia que prohibirá los bonos regalos y otras promociones utilizadas para captar nuevos jugadores y un listado para que los adictos no puedan acceder a créditos fáciles. Rel :www.meneame.net/story/garzon-plantea-limitar-publicidad-juego-online-1

Por primera vez más hay más empleo temporal en el sector público que en el privado, un “abuso” encubierto por las administraciones que se salta las leyes europeas.

... más de 14 millones de personas dependen de las rentas que ofrece la Administración Pública, mientras que los asalariados del sector privado están por debajo de esta cifra... 13,5 millones de trabajadores. Pensemos que diferentes grupos perciben rentas del Estado o mejor dicho a través del Estado como son los pensionistas, los funcionarios y los desempleados.

Más de un centenar de organismos públicos se han lanzado a invertir sumas que ya alcanzan cuantías millonarias para promover el autoconsumo de electricidad. En paralelo al espectacular descenso de costes de la generación fotovoltaica, esta solución energética empieza a despegar con el impulso de las Administraciones de todo signo político. El ritmo se ha acelerado tras la derogación del famoso ‘impuesto al sol’ hace un año.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha alcanzado este jueves un acuerdo con Vox para la aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2020. No habrá, pues, enmienda a la totalidad por parte del grupo de ultraderecha, cuyos 12 diputados son vitales para la estabilidad del Ejecutivo autónomo.

Los dos bancos catalanes, que mudaron su sede a Valencia y Alicante en 2017, lideran el crecimiento en términos absolutos del crédito a las administraciones públicas. Este concepto no se desagrega en los informes financieros, y puede incluir a la Administración Central, Comunidades Autónomas, diputaciones o ayuntamientos.

El 26,3% de los empleados públicos tienen un contrato temporal, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Según ha adelantado el diario El Nuevo Lunes, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy llegó a un acuerdo con los sindicatos en 2017 y 2018 para disminuir esta tasa hasta el 8%. En cambio, se ha disparado hasta casi alcanzar el porcentaje de las empresas privadas, que está en un 28,3%. De este modo se aleja del objetivo y, con la referencia del año 2020, da pasos atrás.

Las Administraciones se gastaron 127.000 millones de euros en salarios, 4.000 millones más que el año anterior, pese a que el número de trabajadores todavía no está en máximos.

El drama de la violencia contra las mujeres ha llegado por fin al centro del debate público en Portugal, tras convertirse el mes de enero en uno de los más dramáticos desde que hay registros. En total, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en el país, la última de ellas en el mes de febrero. La cifra supera incluso el número registrado en España donde la población es casi cinco veces mayor. A principios de este mes, un hombre había asesinado a su suegra y a su hija de tan solo dos años, provocando gran conmoción social.

Amazon quiere que la Administración Pública española sea otro de sus grandes clientes. Su filial de servidores, Amazon Web Services, está buscando un 'manager' que consiga contratos y licitaciones públicas en nuestro país. Entre sus funciones, el puesto incluye "crear mecanismos efectivos de compra de la nube por parte del Gobierno" y "educar al sector público sobre la importancia de las adquisiciones eficientes para beneficiarse de la nube". En otras palabras: convencer a gobiernos y organismos públicos de que alojen sus datos ahí.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, empieza a pillarle cariño a estas siglas) es una de las normas clave para entender, vigilar y frenar la corrupción, y a la vez una de las más complejas. Guía básica de la Ley de Contratos del Sector Público para principiantes

La nueva Ley de Conciertos Sociales y Sociosanitarios elimina el polémico artículo que hubiera permitido optar a estos servicios públicos a empresas privadas.

Eurostat ha publicado esta semana el 'Procedimiento de desequilibrio macroeconómico' (MIP, por sus siglas en inglés) con el que se inicia el semestre europeo, y no deja a España en buena situación. Los datos se refieren al año 2017, por lo que suponen la herencia económica que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy. Y no es otra que un país con cinco de los 13 indicadores en situación de alerta. De toda la Unión Europea, solo Chipre está en una situación peor.España empata con Irlanda en el número de indicadores en situación negativa

La Comunidad de Madrid pretende volver a sacar a concurso el servicio de laboratorio de varios hospitales públicos de la región diez años después de la primera externalización, cuando Esperanza Aguirre ocupaba la Puerta del Sol y Juan José Güemes, la Consejería de Sanidad. En el lado contrario, varios sindicatos muestran su preocupación por los trabajadores y dudan del éxito de la fórmula de dejar en manos privadas un servicio que, entienden, puede -y debe- prestar el Gobierno de Ángel Garrido

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público el 9 de marzo de 2018, pueden plantearse ciertas dudas sobre su aplicación y las principales diferencias con respecto a su antecesora. En esta pequeña guía se va a realizar un trabajo de síntesis que permita entender sus principales novedades así como los conceptos clave de cara a su comprensión para su correcta aplicación.

Tras la crisis financiera global de 2008, surgió un consenso respecto de que el sector público tenía la responsabilidad de intervenir para rescatar a los bancos con importancia sistémica y estimular el crecimiento económico. Pero fue un consenso efímero; pronto, las intervenciones del sector público en la economía pasaron a ser vistas como causa principal de la crisis, y se consideró necesario revertirlas. Fue un grave error.

Una peluquera, 34.000; una telefonista, 29.000; una secretaria, 33.000 y un reportero, 53.000... El sueldo de los trabajadores de de TVC está por encima de los mismos puestos en otros entes públicos como el Departamento de Presidencia o del Instituto Catalán de la Salud. Una secretaria de TV3, por ejemplo, gana 33.152 euros brutos anuales, una de Palau 23.469 euros. La diferencia salarial es de 9.683 euros al año.

Crece la satisfacción de los ciudadanos con el conjunto de los servicios municipales, según se desprende del II Barómetro de Satisfacción de los Servicios Públicos impulsado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR).

¿Cuánto dedica tu Ayuntamiento a pagar los intereses de la deuda pública? ¿Y a Cultura, Transporte público, Deporte, etc? Esta aplicación, que se nutre de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, muestra la evolución en distintas partidas de los gastos de los ayuntamientos, municipio a municipio. La página está en construcción por lo que se admite cualquier sugerencia de partidas concretas de gasto que sea conveniente hacer un seguimiento.

La vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar de que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad. Esa es la conclusión a la que llega un estudio publicado hoy en la revista Nature tras analizar 1.276 webs de desinformación y 4.209 webs legítimas entre 2019 y 2021, así como el comportamiento de 42.595 anunciantes únicos con más de 9,5 millones de impactos publicitarios en ese periodo. Según los autores del trabajo, hacer que los consumidores sepan dónde invierten las empresas su presupuesto publicitario puede

Una queja interpuesta por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos enfoca y arroja luz sobre uno de los alojamientos rurales más exclusivos y herméticos no solo de España sino de toda Europa. El paraje Caravales, en Zufre, es usado como refugio cinegético por la Alta Sociedad y grandes fortunas europeas. Ahora el MITECO da un plazo de 30 días a los titulares de la finca Caravales para que coloque puertas en los cerramientos, con pasa-aguas ya que en una inspección de la confederación del Guadalquivir se comprobó el incumplimiento

El presidente está obsesionado con destruir la educación pública argentina, a la que considera un centro de lavado de cerebros y “adoctrinamiento marxista”

El crecimiento de la actividad del sector manufacturero de España se aceleró en mayo a máximos de 26 meses, según el índice de gestores de compra (PMI), que subió a 54 puntos desde los 52,2 del mes anterior, gracias al incremento de los niveles de la producción y de los nuevos pedidos, aunque también se observó un repunte de las presiones inflacionistas.

La patronal ASPE se revuelve contra la ministra Mónica García y advierte de que la Ley de Gestión Pública del SNS sería “incompatible” con la Constitución.

En el caso de Netflix, basta con ver las cifras: durante el primer trimestre de 2024, el 56% de los nuevos suscriptores que la compañía fue capaz de atraer entraron a través de su opción más barata, financiada con publicidad. Es ahora la opción que ofrece a la compañía su mayor crecimiento en años.

En el marco de las próximas elecciones europeas del 9 de Junio, Ana Miranda se presenta por BNG, la fuerza nacionalista de izquierdas gallega. La directora de relaciones institucionales de Público, otra buena gallega, Ana Pardo de Vera, entrevista a la candidata en este acto que puedes seguir en directo.

El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha estado en la Asamblea de Madrid denunciando la lamentable situación en la que se encuentran sus equipos, sus vehículos y sus instalaciones.Un tercio de la plantilla de bomberos de la Comunidad de Madrid no le han hecho el reconocimiento médico obligatorio. Algunos llevan 7 años sin pasarlo con el riesgo que ello supone. Además el estado de los EPIs es lamentable, algunos tienen más de 20 años. threadnavigator.com/thread/1795484703056638294/

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público