Declaraciones de Paco Marhuenda en La Sexta Noche

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha arremetido este viernes contra el senador de Podemos y candidato a dirigir el partido en la región, Ramón Espinar, por la compraventa de un piso protegido en 2011 con la que obtuvo un beneficio neto de alrededor de 20.000 euros. Rollán ha confirmado que Espinar solicitó vender la vivienda "en 140.000 euros" y que finalmente "lo hizo por 175.000 euros".

Aunque el senador se defiende ahora por la venta de una vivienda protegida, en 2015 criticaba a aquellos que especulaban con su venta.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama la aprobación de un nuevo Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años, tras la extinción el próximo 31 de diciembre del actual plan 2013-2016, en el que, entre otras medidas, piden ayudas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares.

Si hay algo infame en Estados Unidos son los housing projects. Este es el término con el que los americanos se refieren a las zonas de vivienda pública existentes en muchas ciudades del país; esos edificios viejos y sucios que uno ve en casi cualquier película o serie que quiera reflejar la dureza de la vida urbana en Detroit, Baltimore o Nueva York. En general los projects son vistos como una política pública fallida; lugares donde se concentra la pobreza, el crimen y la falta de oportunidades que atenazan a amplios segmentos del país.

270 familias, con bebés y personas dependientes, viven sin suministro desde el lunes por una deuda de 500.000 euros de la que nadie quiere hacerse cargo. La Fundación Todo Ayuda, encargada de la gestión del edificio y a quien los vecinos pagaban la luz y el alquiler, cerró las cuentas bancarias". Nadie se responsabiliza de lo que ha pasado", cuenta un vecino que necesita luz para mover la cama eléctrica de su cuñada y que asegura que está al día de pagos.

El Ayuntamiento de Madrid da su “apoyo” a Arantxa Mejías con el único voto en contra del PP El PP recrimina que si se apoya a la presidenta del colectivo afectado por la venta de viviendas públicas, “¿por qué no financiamos los gastos de aquellos que se sintieron ofendidos por culpa de Rita Maestre?”

Un tiroteo estalló en una comunidad de viviendas públicas llamada Gate City, el domingo por la noche en Birmingham, matando a una persona e hiriendo a otras cinco. El tiroteo ocurrió a las 8:15 p.m. en el bloque Georgia de la Carretera 6400. El portavoz de la policía de Birmingham, el Sargento Bryan Shelton afirmó que las seia víctimas eran viandantes inocentes. Los disparos tuvieron lugar aproximadament una hora después del cierre de una manifestación por la Paz en Lewis Park.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Bonifacio R.C, ex concejal del PP y ex trabajador de ARPEGIO por estafa en venta de vivienda pública en Las Tablas. Bonifacio R.C fue concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Colmenar Viejo en la legislatura de 1991-1995. Aprovechando la reputación de ese cargo público municipal y su puesto de trabajo en la empresa pública de la Comunidad de Madrid ARPEGIO, según el escrito provisional del fiscal estafó a varios conocidos y amigos.

Alquileres más altos, precios del agua disparados y desahucios sin alternativa son algunas de las consecuencias de la venta de pisos protegidos a BlackstoneLa expulsión de su casa de la presidenta de afectados por la venta de la EMVS, pese a que tiene los pagos al día, se suma a la lista.

La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) facilitará pisos a mujeres víctimas de violencia machista, además de ampliar la red de atención e incrementar las plazas de alojamiento de emergencia, ha informado este martes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en la comisión del ramo.

El contrato que presta la adjudicataria finaliza el 24 de abril. La compañía ha anunciado un ERTE para 51 trabajadores y el despido de 16. Anuncian protestas a partir del 12 de abril. Recortes en el servicio, despidos en la plantilla y protestas de los trabajadores. Con esta secuencia se puede resumir la convulsa situación que vive la Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid...

El juez que instruye el caso sobre la venta de viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo buitre tomará declaración a Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño y María Concepción Osacar Garaicoechea, dueños de Azora Gestión, la empresa que está detrás de la adjudicataria del contrato de los 2.935 inmuebles, Encasa Cibeles. La venta se formalizó en 2013, cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid.

La petición de la comparecencia como testigo de José María Aznar Botella en el proceso que se sigue por la operación de venta de paquetes de vivienda pública a fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid no ha sido desestimada por el titular del juzgado de instrucción, aunque, por el momento, no procederá a citarle. En cambio, sí lo hará con los responsables de Azora, una de las adjudicatarias, así como con Juan Van Halen, ex director general de Ivima, que ha sido además imputado.

Los planes del Ayuntamiento de Salamanca para 2016, cuando prevé gastar casi 3,5 millones de € en la construcción de viviendas para la venta, contrastan con la realidad inmobiliaria de la capital. Tras la explosión de la 'burbuja inmobiliaria', la provincia quedó con un stock importante de construcciones residenciales nuevas sin vender que no ha logrado diluir y del que hay un importante remanente. Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido abrir de nuevo el grifo a los constructores.

La cola para un contrato de alquiler de primera mano en Estocolmo es ahora tan larga que un político sueco está tratando de incluír a la ciudad en el Libro Guinness de los Récords en 2016. El premio de "lista de espera más largo del mundo" probablemente no es uno que funcionarios de la ciudad les haga especial ilusión, pero si un político opositor Partido Liberal consigue inscribirla,la crisis de vivienda de Estocolmo marcará la capital nórdica un lugar en la próxima edición del famoso libro. Traducción en #0

“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

Amnistía Internacional publica un nuevo informe en el que insta a la Administración Pública a paralizar los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. Los desahucios han sido el mejor ejemplo de cómo la crisis económica se ha cebado, desde su inicio en 2008, con las clases medias y bajas del país. Sólo entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.557 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España. Si se abre la horquilla y se elimina la condición de vivienda princi

El 22 de mayo se publicitaron cuatro operaciones para subastar parcelas por 11 millones que se resolverán con el nuevo equipo de Gobierno. Los terrenos están diseñados para vivienda protegida y de mercado libre, tanto en régimen colectivo como casas unifamiliares. Madrid convoca concursos también a última hora para la gestión del mobiliario urbano durante 12 años y la compra de cascos para la Policía .

Gesnova Gestión Inmobiliaria, la empresa en la que es consejero el hijo de José María Aznar y Ana Botella y de la que fue presidente Juan Manuel Hoyos Martinez De Irujo, íntimo amigo de infancia del expresidente del Gobierno, es promotora de vivienda pública para jóvenes en la Comunidad de Madrid (CAM). Así se puede apreciar en el propio portal de vivienda de la comunidad autónoma, que aporta la relación de viviendas para jóvenes pendientes de adjudicar junto al promotor de cada vivienda.

En España, la llamada “protección oficial” no es otra cosa que el diferencial de interés que un banco cobra a las personas que compran una vivienda calificada como “protegida” frente a otra en el mercado libre. Es un sistema de redistribución de la riqueza en el que el Gobierno negocia con los bancos para que rebajen una parte del porcentaje de interés. Esa parte la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Estamos hablando de dinero público. Ese que escasea. Habrá que elegir entre compra o alquiler. No hay dinero para ambas a la vez.

El abogado de la asociación denuncia que la venta no se hizo a la mejor oferta y recalca que adjudicación de las 1.850 viviendas fue hecha por la EMVS al fondo Magic Real Estate Blackstone, aunque la adquisición fue hecha por Fidere. Sumando a los supuestos puntos oscuros de esta transacción el hecho de que “intervinieran comisionistas que se llevan dos millones de euros”. Añade el letrado que también se vendieron a Fidere unas 50 plazas de garaje y unos 25 locales que no estaban previstos, “lo que se hizo sin oferta pública”.

la parcela está valorada en 2,9 millones de euros, coste equivalente de las 36 viviendas de promoción pública", y de un proyecto "justo". El regidor compostelano, por su parte, resalta que ambas administraciones responden a la "demanda" de pisos protegidos existente en la ciudad –con una lista de espera de unas 600 personas–, a la que se "suma la paralización del proyecto de vivienda protegida de alquiler previsto en Xoán XIII", que dependió de él mismo hasta hace escasos meses.

A principios de los 90, el IVIMA asumió la remodelación del barrio de Hortaleza, en el que sólo la mitad de los vecinos han estrenado casa: sólo 598 de las 1.104 viviendas previstas han sido entregadas, mientras el resto aguanta en infraviviendas de más de medio siglo de antigüedad. Los responsables alegaban problemas por falta de presupuesto o cambios de normativa, pero para el portavoz de IU de Hortaleza, Francisco Caño, "el problema es que se trata de vivienda pública y no interesa, porque sale más rentable vender a fondos buitre".

“La empresa sólo garantiza la función social durante 25 años. Algunos pisos llevan ya 12 años como viviendas de protección oficial, así que en 13 años dejarían de serlo”. Además, las renovaciones de los contratos, que bajo la Administración podían mantener las condiciones económicas si el inquilino seguía cumpliendo los requisitos, implican ahora una subida de precios del alquiler, de los gastos comunitarios, y la obligatoriedad de contraer seguros privados de hogar o plazas de aparcamiento.

El Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha estado en la Asamblea de Madrid denunciando la lamentable situación en la que se encuentran sus equipos, sus vehículos y sus instalaciones.Un tercio de la plantilla de bomberos de la Comunidad de Madrid no le han hecho el reconocimiento médico obligatorio. Algunos llevan 7 años sin pasarlo con el riesgo que ello supone. Además el estado de los EPIs es lamentable, algunos tienen más de 20 años. threadnavigator.com/thread/1795484703056638294/

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 1 año y 6 meses de prisión y a una multa de 1.920 euros al administrador único de una inmobiliaria de Viana (Tierra Estella) que se apropió de 38.600 euros aportados por la compradora de una vivienda en concepto de contrato de arras y gestión de fondos.

La empresa de tasación "UVE Valoraciones" apunta a que la oferta de vivienda en alquiler ha caído a mínimos históricos y está un 28 % por debajo de la que había en 2020. Según la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de inmuebles disponibles para alquiler habitual se ha desplomado un 30,5%. También el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y sin medidas estructurales que aumenten la oferta. La entidad calcula que hacen falta

La norma prometía facilitar el acceso a la vivienda y garantizar por igual en toda España el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, limitando las subidas de los alquileres y protegiendo a los inquilinos más vulnerables, entre otros puntos. Un año después, la llave para poner en marcha una parte importante de la ley impulsada por el Gobierno de coalición está en manos de las comunidades. Mientras tanto, el precio de la vivienda no deja de crecer y sigue suponiendo una carga asfixiante para muchas familias.

El Gobierno andaluz defiende que ha hecho la mayor inversión de la historia en áreas como sanidad o educación, sin embargo no está siendo suficiente para frenar las movilizaciones. Desde un sindicato apuntan que es "lógico" que cada año sea el mayor presupuesto por la inflación, pero Yuste apunta a "cómo se distribuye". Otro de los grandes problemas es la falta de negociación. Para las Consejerías es obligatorio plantear la normativa a los sindicatos, pero "Lo hacen como un trámite formal. No significa que escuchen las reivindicaciones."