En España, la llamada “protección oficial” no es otra cosa que el diferencial de interés que un banco cobra a las personas que compran una vivienda calificada como “protegida” frente a otra en el mercado libre. Es un sistema de redistribución de la riqueza en el que el Gobierno negocia con los bancos para que rebajen una parte del porcentaje de interés. Esa parte la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Estamos hablando de dinero público. Ese que escasea. Habrá que elegir entre compra o alquiler. No hay dinero para ambas a la vez.
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