El Parlamento de Bulgaria ha aprobado este miércoles una ley presentada por el partido ultraderechista Renacimiento que prohíbe la promoción, defensa o incitación de todo aquello relacionado con la comunidad LGTBI en el sistema educativo, una medida similar a la que hay en Rusia.

El hachazo a la pública en 2011 tuvo como respuesta una de las mayores movilizaciones vividas en la educación madrileña y en la defensa de los servicios públicos: la Marea Verde. Un movimiento que de la mano de toda la comunidad educativa logró que un 80% del profesorado secundara las huelgas de educación. El gobierno regional se asustó. Tanto como para reactivar toda su maquinaria neoliberal y acompañar los recortes de un relato totalizador para emponzoñar la imagen del profesorado de la pública. Aquí comienza nuestro primer acto.

La ley educativa en vigor desde 2021 (Lomloe) prohíbe a los centros recaudar dinero de manera obligatoria y exige que las actividades complementarias estén fuera del horario escolar

El Grupo Pandora ha reeditado y adaptado a la nueva ley de educación los textos 'Educación en Valores cívicos y éticos' y 'Filosofía' de Bachillerato. El ministro del PP impidió su comercialización al eliminar las asignaturas en 2013.

A finales del año pasado, el catedrático Daniel Aranda, de la Universidad de Granada, montó un buen revuelo con la publicación de una carta abierta en la que, entre otras cosas, lamentaba el “desinterés” estudiantil por las clases. Universitarios de todo el país replicaban los siguientes días al profesor con el argumento de que muchos de sus compañeros de profesión no lo ponen especialmente fácil: “Se dedican a leer transparencias”.

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), antes conocida como Ley Castells y ahora denominada popularmente como Ley Subirats. El texto, que derogará la Lou de 2001 reformada en 2007, ha sufrido muchos cambios de un ministro a otro pero mantiene las esencias que definen el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, se rebaja la exigencia para ser rector, se prioriza la contratación de las mujeres en "igualdad de condiciones de idoneidad".

El Tribunal de Justicia de Madrid ratifica las cautelarísimas solicitadas por CCOO y reitera la suspensión de la circular sobre la educación por ámbitos en la ESO.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha paralizado temporalmente este miércoles el proyecto educativo regional con el que pretendía hacer frente a la ley educativa estatal, la denominada LOMLOE. El Gobierno autonómico contemplaba en su propuesta impedir que los alumnos de secundaria y bachillerato pudieran pasar de curso con varias asignaturas suspendidas.

Más de una treintena de intelectuales, entre los que se encuentran reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores, han hecho pública su oposición a la nueva norma educativa Lomloe, más conocida como 'ley Celaá', en un manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público que reproducimos íntegro a continuación:

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha puesto en valor que el 91 % de la Cámara respalde una visión común sobre una educación de calidad, equitativa, plurilingüe, inclusiva, desde el reconocimiento central de la escuela publica, con el euskera como eje y que forme a los alumnos en competencias y en valores. Este acuerdo político, del que se han descolgado PP+Cs y Vox, previsiblemente será ratificado en comisión el 28 de marzo para ser aprobado definitivamente en pleno el 7 de abril. Será la base de la futura Ley de Educación prevista

El catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la UNED, Juan Manuel Moreno (1961, Madrid), no está de acuerdo con el relato instaurado desde hace años de que los alumnos de ahora son peores que los de antes.

La ley Ayuso es un nuevo asalto a la educación pública. Es una ley rancia, sectaria, sin consenso e impuesta con métodos autoritarios que el Gobierno central debería recurrir ante los tribunales en defensa del derecho constitucional a la educación.

Desde que se puso en marcha la reforma educativa, no ha dejado de llover sobre el paraguas de la Ley Celaá. Cada mes hay una polémica nueva entre docentes, estudiantes, padres y políticos. Esta vez ha llegado a la agenda uno de los cambios más polémicos que contempla el real decreto de evaluación que pone letra pequeña a lo dispuesto en la Lomloe y que ayer acogió el Consejo de Ministros. Básicamente, el Gobierno ha aprobado con las clases ya empezadas un decreto que da el mismo título a estudiantes con distinto nivel.

La Conferencia Episcopal cree que el Ministerio de Educación no ha querido "encontrar una solución positiva y asumible" y que la actual Ley de Educación "no nació de un pacto educativo y su urgente tramitación –en tiempo de pandemia y en estado de alarma– impidió una adecuada participación de toda la comunidad religiosa". La Iglesia española, con todo, confía en que las comunidades autónomas reviertan "lo establecido por el Ministerio en el ámbito de sus competencias" y doten a la Religión de "una ampliación razonable del horario del área".

¿Para qué tenemos que estudiar literatura?, me preguntan mientras clavan sus pupilas en mi pupila marrón. Y yo les confieso que me da igual si en unos años recuerdan las obras de Espronceda o el nombre del caballo de Don Quijote. Que mi propósito es conseguir que aprendan, a través de los textos, a mirar el mundo con madurez. Y esto significa darse cuenta de que si observamos a nuestro alrededor seremos capaces de ver quiénes somos como personas y como sociedad.

Según Casado "Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice: libertad de elección, calidad con pruebas nacionales, inspección contra el adoctrinamiento, unidad estatal con MIR educativo, castellano vehicular, más materias comunes, inglés y STEM". Por su parte el gobierno defiende la norma que empodera a las mujeres, a través de su ministra Maria Jose Montero

El Gobierno regional vuelve a encontrar una nueva argucia para sortear la ley estatal de Educación o Lomloe, en este caso para poder seguir enviando fondos públicos a los centros concertados Nelva y Monteagudo de Murcia, los dos únicos colegios de la Región que todavía segregan por sexos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya habían comenzado a posicionarse en esta cuestión, en concreto para mantener el concierto de los centros educativos que separan a los niños y niñas en instalaciones diferentes.

Repetir curso en educación primaria y secundaria ya no dependerá del número de suspensos. El estudiante podrá suspender varias asignaturas (antes el límite eran dos suspensos) y aún así superar u obtener el título de la ESO si lo decide de manera consensuada el equipo docente. El texto elaborado por el departamento de Isabel Celaá, ha sido un jarro de agua fría para la mayoría del profesorado español que ve en estas medidas, según manifiestan varios de ellos a EL ESPAÑOL, una forma de desprestigiar su trabajo diario con los alumnos.

Hace algo más de año y medio, el profesor del IES Universidad Laboral de Gijón Yván Pozuelo publicó ‘¿Negreros o docentes? La revolución del 10’, un breve volumen en el que explicaba su filosofía educativa. Aunque el trabajo abordaba diferentes propuestas, la más llamativa era la que se refería a 'la rebelión del 10'. Pozuelo explicaba por qué había decidido poner la máxima calificación a (casi) todos sus alumnos: era una protesta pacífica frente a un sistema de evaluación que no tiene sentido hoy. “Evaluar por competencias, una lógica escondid

En 1623, Felipe IV reinaba sobre un imperio de más de 20.000.000 km2 de tierra firme (el imperio español y Portugal coexistían razonablemente desde su integración durante el reinado de Felipe II) y en un ataque de lucidez, va y dicta una de las leyes estelares de su reinado cubriéndose de gloria para los restos, tal ley era la Pragmática por la que se prohibía enseñar a leer y escribir en las zonas rurales de los pueblos españoles, o dicho de otra manera se privaba de recursos al medio rural en beneficio del urbano.

El Ministerio de Educación se ha propuesto sacar para delante la que será la nueva Ley de Formación Profesional. Una norma de la que todavía se sabe más bien poco pero que apunta a hacer un 'lifting' -según las propias palabras de al Ministra Celaá- a este tipo de formación cada vez más demandada. Otro de los retos que se quiere abordar es ampliar el número de grados en algunas de las áreas más demandadas por el mercado, como inteligencia artificial o sistema informáticos. Algo que también debe llegar de la mano de nuevos profesores.

El bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, ha sido el encargado de redactar el recurso que UPN y PP han registrado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá. Relacionada: www.meneame.net/story/despacho-albert-rivera-mantiene-trabajadores-ert

La Comisión Islámica de Melilla ha difundido un documento (que se adjunta) con el que inicia una campaña para promover las clases de educación islámica religiosa en los centros públicos y concertados.

El Consistorio ha otorgado los permisos a una escuela de élite situada sobre un Bien de Interés Cultural este verano, pero comenzó las clases en septiembre de 2023

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

El gasto medio es de 95 euros por estudiante, según los editores de libros, aunque esa media esconde grandes diferencias entre comunidades autónomas; los distintos sistemas provocan que en algunas autonomías ninguna familia pague mientras en otras dos tercios no tengan ningún tipo de subvención

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

Recolectar partes del cadáver de un animal marino protegido, si aún tiene “tejido suave”, contraviene una ley federal. La hija de Kennedy relata en un artículo de 2012 que él cortó con una motosierra la cabeza de una ballena muerta en la playa de Massachusetts, la ató al techo de su vehículo y la llevo 5 horas a Nueva York. No solo contravino la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (1972) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (1973); quizá también la Ley Lacey (1900), que prohíbe trasportar fauna recolectada ilegalmente entre estados.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

Australia aplica desde hoy, siguiendo los pasos de países como Francia y España, la Ley del Derecho a Desconectarse: quienes laboren en empresas con 15 o más empleados podrán negarse a responder, o estar pendientes, de emails o llamadas telefónicas de jefes, o personas vinculadas, fuera de su horario laboral. En caso de incumplimiento un empresario puede afrontar multa de 18.780 $ australianos (12.742 US$), y una compañía hasta 93.900 (63.729 US$). Las disputas deberán ser resueltas por las partes antes derivarse a la Comisión de Empleo Justo.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.