Llevan años encadenando contratos pero deben demostrar que valen para lograr una plaza. Y lo que es peor. Denuncian que si no sacan la plaza se van directos al paro y sin indemnización. La temporalidad en el empleo es mayor (28%) en la administración pública que en la empresa privada (23%). Los interinos públicos denuncian esta situación, ya que muchos de ellos llevan varios años encadenando contratos temporales, a veces de sólo unos días.

Tras ganar las elecciones generales, el gobierno del PSOE ha enviado a la Unión Europea el Programa de estabilidad 2019-2022. ¿A qué se ha comprometido Pedro Sánchez con Bruselas y qué consecuencias tendrá en materia de empleo y jubilaciones?

Dos de cada tres trabajadores con contrato indefinido de despido gratuito han sido despedidos | Kaos en la red Los datos muestran que la tasa de supervivencia a los tres años de esos contratos no supera el 34,6% (dos de cada tres son despedidos), pese a las deducciones e incentivos recibidos por las empresas para mantenerlos ese plazo de tiempo. Y, como era de imaginar, más de la mitad de los contratos corresponden a empleados de la hostelería y el comercio con estudios de primaria y ESO.

El Ministerio de Trabajo minimiza los efectos del "error" del Ministerio de Igualdad en la ley de paridad y rechaza que los cambios vayan a tener consecuencias legales. Este jueves entra en vigor la norma aprobada en julio, que eliminó por error la nulidad del despido a quienes disfruten o hayan solicitado reducción de jornada o permisos para el cuidado de familiares por enfermedad. En el ministerio de trabajo, sin embargo, niegan que vaya a ser así y afirman que "el despido seguirá siendo nulo" en estos casos.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.

La redacción de varias leyes dependientes del Ministerio de Igualdad han acumulado una sucesión de errores o fallos que ha terminado afectando a los trabajadores que solicitan o disfrutan de una adaptación de jornada para conciliar y cuidar a los hijos. Desde este jueves, con la entrada en vigor de la Ley de Paridad, los empleados que hayan pedido una reducción de jornada o la estén disfrutando podrán ser despedidos con más facilidad.

Hay muchos casos en los que el despido puede ser declarado nulo, con condena a la readmisión del trabajador pagándole y cotizando los salarios de tramitación (su sueldo completo entre despido y readmisión). Sin olvidar que el trabajador puede esquivar fácilmente la readmisión sin dejar de cobrar los salarios de tramitación y que además puede cobrar una indemnización aparte en los casos de vulneración de sus derechos fundamentales. Pero todo eso funciona solo cuando el asunto llega a juicio y hasta el final.

Un trabajador de la planta de fabricación de automóviles de Stellantis en Vigo ha logrado que el Tribunal Supremo declare improcedente su despido, después de que la empresa lo acusara de haber "dimitido" cuando dejó de asistir a su nuevo turno nocturno. La sentencia obliga a la compañía a readmitir al empleado o indemnizarlo con 6.056 euros.

La empresa PreZero, concesionaria de la recogida de basuras en A Coruña, ha tomado la decisión de despedir a Miguel Ángel Sánchez, presidente y líder del sincato STL, mayoritario entre los trabajadores del servicio. Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso a Quincemil.

En los últimos días se ha aprobado la llamada “ley de paridad”, que obliga a unos porcentajes de reparto de cargos por sexos en algunas empresas grandes, sindicatos, etc. etc. Pero no vamos a hablar de eso, sino de que en esta ley se ha “colado” la eliminación de dos de las causas o situaciones de protección contra el despido.

La ley orgánica de paridad, publicada el 2 de agosto de 2024, establece una serie de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (la principal ley laboral de España) que ahora permiten que una empresa pueda despedir de manera improcedente a aquellas personas que, o bien se cojan el permiso de cinco días para cuidar de familiares enfermos (artículo 37.3b) del Estatuto), o bien soliciten un cambio de la jornada por conciliación familiar (artículo 34.8 del Estatuto).

El cambio contradice la apuesta del Gobierno por la conciliación. PSOE y Sumar lo 'cuelan' en una enmienda a la ley de paridad ya publicada el BOE. El Gobierno ha aprobado un inesperado cambio legal que hace exactamente lo contario: los 'facilita' en aquellos supuestos en el que el trabajador había solicitado o estaba disfrutando de una adaptación de jornada por conciliación, lo que hasta ahora se consideraba un motivo para considerar la nulidad del cese Un 'blindaje' que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retira...

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la decisión de declarar procedente el despido de un trabajador de la empresa Bordex S.L que amenazó con cortar la cuerda de vida de un compañero que estaba a más de 9 metros de altura. También dijo, delante del encargado, que lo iba a hacer de verdad y que «le iba a dar unas hostias». La mercantil se dedica a rehabilitar fachadas y cubiertas en A Coruña.

Viernes: María llega a Santander para la convención de Tecnocasa. Esa noche hay fiesta previa. Sábado: despierta desnuda, con marcas, sin recordar nada. Domingo: positivo en cocaína y benzodiacepinas que no consumió. Lunes: lo cuenta a su jefe. Martes: su jefe la despide.

Las indemnizaciones por despido improcedente tal y como las conocemos hasta la fecha -equivalentes a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para cualquier trabajador al que se rescinda el contrato sin una causa justa- podrían tener los días contados en España tras la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo, que ha determinado que esta regulación no cumple con la Carta Social Europea que nuestro país se ha obligado a cumplir.