Entre 1910 y 1970, el Estado australiano, con la Iglesia católica y anglicana, secuestró a 100.000 niños aborígenes aplicando una ley basada en la superioridad blanca y de la religión cristiana. Los hijos de los primeros pobladores del país fueron robados a sus padres y entregados a orfanatos, colegios y familias blancas.
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