Las mujeres que denuncien haber sido víctimas de violencia sexual, situación que podrán acreditar con una resolución judicial o un escrito del fiscal y también con un informe de los servicios sociales, tendrán "derecho a la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales", de acuerdo con el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado este martes por el Gobierno. Se considera que el Estado tiene el deber de "restituir a la víctima en su situación anterior a la violencia", lo que...
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