Fue la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que advirtió al titular del Juzgado número 41 de Madrid -- a cargo de las diligencias contra Begoña Gómez-- de que se había producido una filtración importante. La causa permanecía secreta, así que el acceso a los archivos era restringido al Ministerio del Interior, el propio juez Juan Carlos Peinado y el fiscal del caso.
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