El país no cuenta con una ley de asilo propia, y opera bajo la establecida a nivel internacional en 1951. Esto implica varias cosas. La principal, que los inmigrantes allí recalados no obtienen un permiso de residencia automático. Un vacío legal que les impide no ya trabajar en condiciones legales, sino incluso salir del país por su propio pie (deben pagar unos 1.000€ por haber residido ilegalmente en el país). Los refugiados en Túnez gozan de derechos difusos, a menudo, según algunas ONG, violados.
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