La legislación española, por su parte, da cierta autonomía tributaria a los municipios en el sector de las telecomunicaciones. En consecuencia, varios ayuntamientos españoles gravaron a las citadas empresas de telefonía móvil con cánones por la instalación, sin tener en cuenta si eran propietarias o no de las instalaciones. Vodafone España y France Telecom España decidieron acudir a la justicia española con el argumento de que son simples usuarios y no propietarios de la red de telecomunicaciones electrónicas.
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