En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.
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