un juez obliga a la operadora a que informe por escrito a los afectados, comunicándoles el derecho a ser indemnizados por las averías sufridas. El montante puede ascender al millón de euros, teniendo en cuenta que 900.000 lineas se vieron afectadas. Los clientes tienen derecho a la devolución de la parte proporcional al tiempo en el que se interrumpió el servicio y a ser indemnizados por los perjuicios causados, siempre que puedan ser acreditados.
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