El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra el artículo 5.1 de la Ley 25/1994 en su versión modificada por las leyes 22/1999 y 15/2001 que obliga a los operadores de televisión a invertir al menos el cinco por ciento de sus ingresos en la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos españolas y europeas.
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