La legalidad de la asignación de las viviendas quedó acreditada. Frente al argumento de Díaz de no tolerar que se salte la lista de personas que esperan una vivienda social para favorecer a quienes las ocupan de forma ilegal, los responsables de IU también aportaron la sentencia de desalojo que exige el realojo inmediato y la previsión de la ley andaluza de vivienda de 2010 que en su artículo 20 establece: “Las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusi
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