La propuesta del PSOE incluye recuperar el delito de la “tercería locativa”, es decir, perseguir a los dueños de locales o espacios donde se “promueva, favorezca o facilite” la prostitución, mientras que Sumar defiende que esta figura puede penalizar a las mujeres y dificultar su acceso a la vivienda. Además de la tercería locativa, la propuesta incluye multas a los clientes de prostitución, es decir, a quien “convenga la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico”.
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