La reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha convertido en el centro de la discusión sobre las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, reabierta con llamativa e inaceptable torpeza por el papa Ratzinger con ocasión de su última visita a España. No se entiende el motivo por el que la norma de 1980, un escueto texto de nueve artículos, tiene que ser revisado, ni en estos momentos, como pensaba hasta hace poco el Gobierno, ni en un plazo de tiempo más largo, cuando supuestamente se haya ampliado el consenso para hacerlo.
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