En la Seguridad Social no les gusta hablar de fraude en las bajas laborales por incapacidad temporal (IT). Prefieren llamarlo "abuso" o "uso indebido". Pero constatan que existe. Por eso están firmando con las comunidades autónomas convenios para "racionalizar" la gestión de estos procesos, que le cuestan al Estado entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales
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