Indignación es lo que se respira en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña después de recibir una multa de la Seguridad Social por haberse retrasado nueve días en ingresar las cuotas sociales de los trabajadores de la Administración catalana. La multa supone una penalización de 24 millones de euros, ya que los intereses de demora que cobra la Seguridad Social son del 20%.
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