Días después de congelar las pensiones, el Gobierno autorizó una aportación de 1.400.000 euros de la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, que de los fondos del organismo encargado de recaudar las cotizaciones sociales para el posterior pago de las pensiones saldrán 900.000 euros para instruir a los agentes sindicales de Iberoamérica, además de otros 500.000 euros para las «organizaciones de empleadores».
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