Como explica la Confederación ASPACE, “elevar el grado de discapacidad requerido para contar con la necesaria cobertura sanitaria no hace sino añadir mayores barreras a las personas con parálisis cerebral, que ahora deberán abonar un seguro privado o verse obligados a incluirse como beneficiarios de terceras personas, mermando así su independencia y autonomía“.
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