La propuesta de Puig se basa en "al menos tres puentes" para superar el problema territorial: constituir una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, abordar la reforma constitucional "tantas veces aparcada" y, en tercer lugar, impulsar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación como primera condición para el resto de reformas.
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