Un informe de la ONU señala que en el acuerdo de Madrid, España no transfirió la soberanía por lo tanto España sigue siendo la potencia administradora de iure. El Gobierno de España al volver a invocar la razón de estado para amparara la masacre del Sahara occidental está volviendo a lo mismo que sucedió cuando se destapo lo de los Gal y el pueblo español rechazo en las elecciones de 1996. El respeto a los derechos humanos es el limite al ejercio del poder en una sociedad democratica.
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