La Agència Catalana de Protecció de Dades considera que "no resulta necesario ni justificado desde el punto de vista de la normativa de protección de datos" que los ayuntamientos "comuniquen de oficio" a la Dirección General de la Policía los datos personales de los inmigrantes en situación irregular en su municipio. El informe argumenta que la ley de bases de régimen local ya permite a la Policía el acceso a los datos del padrón relativos a extranjeros en situación irregular.
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