En opinión de los economistas firmantes, la reforma debe guiarse por dos principios fundamentales. Primero, debe responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no a las de las empresas grandes y los trabajadores protegidos que son quienes gozan del mayor reconocimiento institucional. Segundo, debe ser una reforma de calado, evitando más atajos y chapuzas que perpetúen los privilegios de algunos en detrimento de otros.
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