El Gobierno, a expensas del resultado que ofrezcan estas inspecciones, ya ha tomado medidas para que la Administración regional no se vea obligado a aportar a ningún ente, organismo, consorcio o fundación más recursos de lo que le corresponde a su participación real en los órganos de decisión. Cascos atacó con dureza a los denominados «chiringuitos», «financiados casi en exclusiva por las administraciones públicas y de los que no se conoce la retribución que perciben sus gestores».
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