Esta es la historia de un funcionario al que los especialistas le piden una prueba concreta que cuesta 2.200 euros, pero su seguro médico se niega a hacersela. El afectado inicia el proceso de reclamación y le acaban pagando la prueba. ¿A cuántos pacientes les pasan casos similares y pagan cuándo no deberían? Así actúan las compañías de seguros
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