El objetivo es crear un entorno legal en el que al menos el 1% del PIB de Mongolia se destine anualmente a la lucha contra el cambio climático y la desertificación, y al aumento de instalaciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente mediante inversiones públicas y locales. El decreto también prevé el restablecimiento de la Agencia Forestal y la creación de una unidad forestal basada en una asociación público-privada.
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