El sistema eléctrico español es, ciertamente, un despropósito, pero un despropósito que sólo el intervencionismo estatal hubiese podido engendrar. En contra del muy extendido mito, el nuestro sector eléctrico no está brutalmente liberalizado y desregulado desde 1997, sino brutalmente planificado y manoseado por la casta política y la oligarquía lobista que acampa a su alrededor. Que los operadores sean privados no significa que el mercado sea libre y competitivo.
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