«Si el presidente de mi país pusiera en duda una sentencia judicial, dejaría de ser presidente. Si la sentencia dice algo, debe cumplirse». Así de tajantemente defendieron ayer los eurodiputados enviados por el Parlamento Europeo para fiscalizar la inmersión en Cataluña la necesidad de que la Generalitat cumpla con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25% de castellano en todos los colegios de la región.
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