Recientemente publicaba aportaba datos que demuestran cómo una sola compañía retirando producción hidroélectrica y/o nuclear del mercado eléctrico puede incrementar sustancialmente su precio. Lo más grave no es que una sola compañía pueda determinar el precio al que pagamos un servicio básico más de 27 millones de consumidores. Lo más grave es que el Gobierno –éste y los anteriores– lo consiente, porque es completamente legal que un recurso público, como es el agua, sea gestionado a su discreción, gracias a oscuras concesiones cuasi centenarias
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