Después de la guerra civil, España quedó tan desabastecida y hambrienta que el gobierno impuso el racionamiento de alimentos. Una oficina estatal, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (1939), administraría los bienes de primera necesidad y velaría por su correcta distribución geográfica mientras que la Fiscalía de Tasas (1940) evitaría los acaparamientos o irregularidades.
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