La concesión del Gobierno a los ayuntamientos para que puedan pedir préstamos en 2011, prohibidos ese año por ley como medida para reducir el déficit público, puede dejar fuera a algunos de los consistorios más endeudados, como Madrid y Valencia. La iniciativa, que rectifica el anterior veto del Ejecutivo al endeudamiento municipal, exige cumplir varios requisitos: los municipios podrán pedir préstamos el año que viene si su deuda viva no supera el 75% de los ingresos corrientes y el destino del crédito es a inversión y no a gasto corriente.
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