En contraste con lo que ocurre en otros países, donde una ley de acceso a la información permite a los ciudadanos saber y evaluar qué medidas son necesarios y cuales no, en nuestro país los recortes se anuncian pero no se acompañan de datos donde se demuestre su necesidad. El cierre de escuelas públicas o de ambulatorios se hace sin que sepamos cuánto ahorro se espera conseguir con ello, ni en qué se justifica, ni en qué otras partidas prescindible se está gastando un dinero que podría ahorrarse.
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