La puesta en marcha de la Ley Sinde-Wert no es suficiente para la Administración Obama. El Gobierno estadounidense quiere que España dé un paso más y estreche el cerco al intercambio de contenidos entre usuarios, las denominadas descargas p2p (peer to peer). Una fórmula que la Fiscalía General del Estado dejó claro que no constituía delito en una Circular lanzada en el año 2006, documento que ahora Estados Unidos insta a invalidar.
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