El anteproyecto de ley que anunció Fernández Díaz en el Congreso supone el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos. Los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.
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