El viraje respecto a 2013 pone de manifiesto el inherente dilema de un sistema que debe garantizar pensiones dignas y, a la vez, debe de hacerlo de una forma sostenible en el tiempo. La inercia política del actual momento parece estar decantando la balanza hacia la urgencia de mantener el poder adquisitivo de las pensiones en el corto plazo. Lo cual, en combinación con el imparable envejecimiento de la población, implica que, tarde o temprano, el gobierno deberá tomar medidas para hacer frente a un incremento considerable del gasto.
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