Se amplían las sospechas en la "operación Marea". La Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial de Gijón, que investiga un presunto entramado corrupto integrado por políticos, funcionarios y empresarios asturianos, ha llamado a prestar declaración a varios propietarios de compañías que trabajan para la Administración del Principado. Como los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín, estos empresarios son sospechosos de haber cometido dos delitos, uno de cohecho y otro de tráfico de influencias.
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