El Ministerio del Interior ha dado durante casi dos décadas un negocio de 70 millones anuales a Telefónica sin sacar concursos públicos que permitieran la competencia de otras empresas. La gestión de las comunicaciones de la Policía y la Guardia Civil (que suman 15.000 líneas móviles y 70.000 puntos de acceso fijos) ha incumplido durante este tiempo el principio básico de la libre concurrencia, que las sucesivas leyes de contratación pública consagran desde 1995.
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