En el informe sobre la fiscalización de la Asignación Tributaria que la Iglesia católica recibe por la Declaración del IRPF, el Tribunal de Cuentas concluye que al faltar información no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles. Ello vulneraría la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado.
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