Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.
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