Tras la publicación del índice de precios de referencia del alquiler que publicó el Gobierno, ahora su puesta en marcha depende de las autonomías y permitirá limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler en las zonas tensionadas donde existe riesgo de oferta insuficiente para la población y cuando la vivienda pertenezca a un gran tenedor o no haya estado alquilada en los cinco años anteriores.
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